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GOBIERNO MANTIENE ACERCAMIENTO CON COLECTIVOS EN BÚSQUEDA DE PERSONAS.

PorEl Informador

Jul 8, 2022

Derivado de la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de hacer de éste un gobierno abierto para todas y todos, la Secretaría General de Gobierno atiende en mesas de diálogo y consulta, las inquietudes y demandas de todos los colectivos sociales. De esta manera se trabaja de cerca con organizaciones civiles involucradas en la búsqueda de personas, quienes realizan importante labor humana y de fortalecimiento para el Estado.

  1. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, manifestó que, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), se llevan a cabo diversas reuniones para informar de las principales acciones que se realizan y llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Subrayó que esta ruta de trabajo la marcó el Gobernador desde el inicio de su administración, por lo que se trabaja con todos los grupos sociales y colectivos de manera cercana para resolver sus necesidades. Destacó la designación del nuevo titular de la CEBP, la cual quedó de manera provisional a cargo de Leobardo Aguilar Orihuela, quien se desempeña como encargado de despacho.

“Sobre esta designación de la titularidad de la CEBP se va a consultar el tema con los colectivos, habrá un diálogo con sus representantes porque su opinión es importante”, aludió, agregando que en San Luis Potosí se reconoce la labor humana que hacen esos colectivos porque fortalecen las labores en la materia en conjunto con el Estado: “pedimos confianza y una oportunidad para tener el acercamiento con el encargado de despacho, que se reúna con ellos e intercambien información sobre la actividad en la Comisión”.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas es la instancia responsable de la labor de coordinación interinstitucional entre dependencias públicas y privadas para aplicar diversos mecanismos, herramientas y convenios que coadyuven al Estado a encabezar las acciones para la localización de personas e impulsar políticas públicas para prevenir posibles delitos en la materia.

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