La diputada Gabriela Martínez Lárraga ha expresado su preocupación sobre la propuesta de castración química a violadores, argumentando que es anticonstitucional y viola los derechos humanos. Según la legisladora, es necesario consultar a la sociedad y escuchar a las organizaciones antes de tomar una decisión definitiva.
Martínez Lárraga señala que no existen estudios que respalden la efectividad de esta medida para prevenir la repetición de violaciones y comportamientos delictivos, lo que resulta en la impunidad que a menudo prevalece en casos de violación.
La propuesta busca establecer una «medida de seguridad» basada en el tratamiento médico mediante la aplicación de fármacos para reducir el libido de los sentenciados por violación, siempre que la autoridad judicial, respaldada por opiniones médicas, determine su necesidad en función de las condiciones de salud o congénitas del condenado.
La legisladora enfatiza la necesidad de obtener información precisa sobre los casos de violación en el Estado y las sentencias emitidas, ya que considera que la procuración de justicia está fallando en este ámbito.
En la línea de la responsabilidad presupuestal, se solicitará el impacto económico de la propuesta, dado que se ha informado que el tratamiento de castración química tiene un costo elevado. Además, se buscará conocer en detalle el tipo y duración del tratamiento.
“Creo que no solo el Gobernador sino toda la sociedad en general esta indignada ante la impunidad que prevalece en nuestro Estado y como el dice que no les tiemble la mano para legislar, igual me sumo a su moción ya que yo de igual forma impulse una iniciativa para incrementar las penas para casos de violación, abuso sexual y feminicidio y sigue igual en análisis”; dijo.
Uno de los problemas centrales identificados por varios colectivos es la impartición de justicia, específicamente en las fiscalias y juzgados.
Martínez Lárraga destaca la urgencia de conocer la cantidad de investigaciones abiertas por violación y cuántos agresores están en prisión; ya que ha visto casos que han llevado hasta 5 años para que se hiciera justicia; “Eso es lo que nos debería de preocupar y ocupar a todas y todos”; concluyó.
About The Author
