Luego de su visita al Hospital Central, el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, responsabilizó a los pasados gobiernos de haber vuelto letra muerta lo establecido en el artículo 12 de la Constitución local, desatendiendo por completo la obligación del Estado para promover y garantizar a las personas una alimentación suficiente y nutricionalmente adecuada.
Explicó que eso desató más la epidemia de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, lo cual preparó las condiciones para que la pandemia del COVID-19 causara más víctimas mortales.
Antes ese panorama, planteó: “Mi gobierno se propone a remediar eso, a fin también de reducir esas enfermedades crónicas que luego se desencadenan por la pésima alimentación”.
Dijo que no se puede responsabilizar sólo a las personas por sus hábitos de consumo, cuando el entorno social y comercial les impide, les niega, o les obstaculiza una mayor disponibilidad de productos alimentarios sanos.
Gallardo Cardona anunció de esa manera que en su administración de diseñarán diversas políticas públicas para facilitar dicha disponibilidad de una alimentación más adecuada y sana para las familias, junto con campañas mediáticas de concientización.
“Nos proponemos apoyar a los pequeños productores agrícolas de todas las regiones, impulsar la creación de pequeños mercados y buscar que las comunidades reduzcan el consumo de productos ultraprocesados, con excesos de azúcar y conservadores”, detalló.
Indicó que la construcción de mercados en todo el estado no solo mejoraría la alimentación de la gente, sino que se promovería la economía y se fortalecerían los lazos comunitarios y el tejido social de las familias, que tendrían mayor acceso a productos comestibles frescos.
Comentó que se trataría de programas donde deberán involucrarse diversas dependencias, tales como el DIF, los Servicios de Salud, e incluso las Secretarías de Turismo, para promover la comida típica, y la del Trabajo para que las empresas colaboren en una mejor alimentación para sus empleados, entre otras.
Recordó que es una obligación constitucional del Estado el cumplir con que la gente cuente con acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, y que por ello el Ejecutivo no está solo en esta responsabilidad, teniendo que ver también los Poderes Judicial y Legislativo, cada uno dentro de sus respectivas competencias.
Para último, dijo que su gobierno irá saldando cuentas, revirtiendo injusticias contra el pueblo potosino, ya que, en el pasado: “San Luis Potosí resintió muchos daños debido a sucesivos gobiernos que permitieron o hasta auspiciaron daños a la economía, a la ecología, y a la salud de los potosinos”, remató.
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