La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar disposiciones de la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para fortalecer los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de violencia, particularmente en lo relacionado con la no revictimización, la protección de su identidad y datos personales y la forma en que las instituciones se comunican con ellas.
La legisladora explica que se propone establecer expresamente el derecho de las mujeres a no ser revictimizadas y a evitar la repetición innecesaria de información que ya obre en los registros institucionales, para evitar que las mujeres tengan que volver a narrar una y otra vez la misma situación solamente porque las instituciones no cuentan con mecanismos adecuados de coordinación.
“La propuesta no pretende eliminar la necesidad de recabar información cuando sea indispensable para una investigación o procedimiento, sino evitar aquellas solicitudes repetitivas que no aportan realmente a la atención del caso y que pueden generar desgaste emocional en la mujer”.
También se plantea fortalecer el derecho de las mujeres a recibir información en su idioma o lengua materna respecto de sus derechos y sobre el avance de los trámites judiciales y administrativos.
Así, la información debe ser accesible y entendible, porque de poco sirve que exista un derecho reconocido en la ley si en la práctica la persona no puede conocerlo o entender las actuaciones que se realizan en su nombre.
Asimismo, se propone precisar la protección de la identidad de las mujeres, de sus familias y de sus datos personales, incluyendo los datos de contacto, ubicación y aquellos cuya divulgación pueda generar un riesgo para su seguridad o la de las víctimas indirectas.
Se incorpora también como derecho de las mujeres, el recibir comunicaciones de las instituciones de forma segura y confidencial, así como poder elegir, cuando sea posible, el medio mediante el cual desean comunicarse con las autoridades que atienden su caso.
La legisladora señala que estas medidas buscan fortalecer la protección, seguridad y atención de las mujeres y niñas que se encuentren en situación de violencia, particularmente frente a los riesgos derivados de la comunicación institucional y del uso de tecnologías de la información y comunicación.